viernes, 20 de agosto de 2010

Smith sobre el valor del dinero y la competitividad

"Una degradación del valor de la plata que sólo tenga lugar en un país, como consecuencia de su peculiar situación o por razones de carácter político, es de trascendentales consecuencias, y lejos de hacer realmente ricos a sus habitantes, los empobrece de una manera efectiva. El aumento del precio nominal de todas las mercaderías (pecualiar, en este caso, al respectivo país) tiende a desanimar todo género de industrias y hace que las naciones extranjeras puedan surtir casi toda clase de bienes por menor cantidad de plata de lo que serían capaces de hacerlo los operarios de nuestra nación, suplantándolos no solo en el mercado extranjero, sino en el interno.

Lo barato del oro y de la plata, o en otros términos, lo caro de todas las mercancías, que es el resultado de tal redundancia de metales preciosos, desanima la agricultura y las manufacturas de España y Portugal, y hace posible que otras naciones las surtan de una gran cantidad de primeras materias, productos del campo y objetos manufacturados, por cantidades de oro y plata mucho menores de las que los mismos españoles necesitarían para criar y cultivar los primeros o para fabricar los segundos dentro del país"

(Adam Smith, Riqueza de las Naciones, Libro IV, Cap. V, "De las primas de exportación")

miércoles, 18 de agosto de 2010

Adam Smith y la cuestion del dinero

Al analizar criticamente las recomendaciones del Mercantilismo, en el libro IV de La Riqueza de las Naciones, Adam Smith se plantea si "¿es necesario y positivo que el gobierno intervenga para evitar el libre movimiento del dinero?" y responde que el dinero sólo tiene sentido como intermediador del comercio de bienes: “Todas las cosas pueden servir para muchos otros usos que el de comprar dinero; en cambio, el dinero no tiene otro uso que el de comprar cosas. Por consiguiente, el dinero va siempre en busca de las mercaderías, pero las mercaderías no siempre van en busca del dinero. El individuo no siempre compra para volver a vender, sino muchas veces para usar y consumir, pero quien vende habitualmente, siempre lo hace para volver a comprar. En definitiva, no se desea el dinero por el dinero mismo, sino por lo que con el se puede comprar.”

Esta idea va a ser criticada por Marx en El Capital, donde afirma que en una economía capitalista, el ciclo del capital no es vender para comprar como dice Smith, sino que es comprar para vender, es decir, invertir capital en la compra de mercancías para luego transformar con su venta a estas mercancías en nuevo capital. En términos de Marx, Smith esta pensando en un ciclo del tipo M-D-M (vendo mercancías por dinero y luego con ese dinero compro mercancías), mientras que Marx lo hace en términos de un ciclo D-M-D (invierto mi capital en comprar mercancías para venderlas por dinero). Lo que moviliza la economía no es el consumo de mercancías, donde el dinero es un mero intermediario, sino la acumulación de capital, donde son las mercancías las meras intermediarias.

martes, 17 de agosto de 2010

Keynes y el Mercantilismo

En el capítulo XXIII de su "Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero", John Maynard Keynes rescata los principios del Mercantilismo como política idónea para fomentar la inversión y el empleo. Su argumento es el siguiente: al propiciar la acumulación de metales preciosos protegiendo los saldos favorables de balanza comercial, los mercantilistas estaban en realidad generando incentivos para la inversión y el empleo, dado que una mayor cantidad de dinero en la economía haría bajar las tasas de interés internas.

En una época en que las autoridades no tenían control directo sobre la tasa de interés interior o los otros estímulos a la inversión nacional, las medidas para aumentar la balanza comercial favorable eran el único medio directo de que disponían para reforzar la inversión extranjera; y, al mismo tiempo, el efecto de una balanza de comercio favorable sobre la entrada de los metales preciosos era su único medio indirecto de reducir la tasa de interés doméstica y aumentar así el aliciente para invertir dentro del país.

En realidad, Keynes sostiene que el esquema mercantilista era funcional a los intereses de las naciones que atravesaban escasez de inversión y de actividad económica, aunque llevado al extremo (es decir, en situación de pleno empleo) se pondría en funcionamiento el “mecanismo clásico” de ajuste de precios internos (de la mano de alzas salariales), pérdida de competitividad y ajuste del desequilibrio de la balanza comercial y, por otro lado, si la tasa de interés interna era demasiado baja en relación a la del resto de los países, esto contribuiría a una fuga de capitales en busca de mayores retornos en el exterior.

Mercantilismo, fábricas y comercio

Otra característica muy difundida de la política comercial mercantilista era el diferente tratamiento de la prohibición de exportar mercancías en relación a la fase de fabricación en que se encontraban. Por un lado se obstaculizaba la exportación o se fomentaba la importación de las mercancías usadas como materias primas en la fabricación de otros productos, por otro sólo se fomentaba o no obstaculizaba la exportación de bienes totalmente fabricados al tiempo que se impedía que este tipo de bienes se importara. En palabras de Colbert: “Todo el comercio consiste en rebajar los aranceles de entrada de las mercancías necesarias para las manufacturas que funcionan dentro del Reino, recargando los de las que vienen ya manufacturadas”.

La excepción a esta regla era la política concerniente al comercio de maquinaria. En el comercio internacional de maquinaria existía una fuerte intervención, y la idea era impedir que las máquinas que fabricaban las mercancías nacionales se exportaran a otros países con el consecuente desarrollo de la misma industria en el exterior y el perjuicio que este traería a las exportaciones y la industria nacional.

Las trabas o prohibiciones a la exportación de materias primas y el fomento de la exportación de mercancías manufacturadas influían claramente sobre los beneficios y la distribución de la renta entre los distintos sectores, perjudicando a los productores de materias primas y beneficiando a los artesanos e industriales. El mecanismo a través del cual operaba la redistribución era el cambio de precios relativos: la prohibición de exportar materias primas hacía que toda la oferta se destinara al mercado interno y su precio fuera bajo, mientras que los productores de manufacturas vendían su oferta a precio internacional:

El trato dado en Inglaterra a la exportación de cuero es muy instructivo. Primeramente se prohibió por una ley de 1662. Luego en el preámbulo a una nueva ley de 1667-68 se decía que, a consecuencia de la severa prohibición de exportar cueros, “los precios de éstos, y por consiguiente, también los de las pieles sin curtir, han bajado considerablemente de precio, con grave daño de la ganadería y determinando una baja en las rentas y en el valor de la tierra”, mientras que los zapateros y otros operarios en cuero mantenían, a pesar de ello, sus precios bastante altos. Como se ve, la política de trabas a la exportación y sus repercusiones sobre la producción de los propios medios de producción provocaba un típico dilema. La prohibición de exportar artículos a medio fabricar podía traer como consecuencia el que la mercancía ya no pudiese ser exportada en modo alguno.

Es decir, más allá de los intereses de cada sector y de cuánto gravitaran sus interlocutores en la discusión y el diseño de la política económica de la época, se tenía una clara noción de las repercusiones o consecuencias a mediano y largo plazo que podía ocasionar una política comercial proteccionista en extremo, que con el objetivo de proteger a un sector en particular (en este caso el productor de manufacturas) se corriera el riesgo de destruir a otro (a los productores de materias primas) e incluso a toda la cadena productiva de la mercancía en cuestión, con los graves efectos que esto tendría sobre el empleo.

Cuando el sistema colonial primero, y el comercio internacional luego, articularon lo que con posterioridad se daría en conocer como la “división internacional del trabajo”, los dilemas internos relacionados con la redistribución del ingreso entre productores de materias primas y de manufacturas se trasladaron al ámbito internacional, ya que las metrópolis (principalmente Inglaterra como primera potencia industrial) no dudaron en profundizar la política de protección de sus sectores manufactureros en desmedro de sus productores de materias primas, que eran ahora abundantemente provistas por las colonias (propias y ajenas) de América, África y Asia. Tal fue el “éxito” de este sistema de comercio internacional, que se mantendría por casi doscientos años, aunque con el paso del tiempo y de las ideas fue tiñendo sus orígenes mercantilistas en tintes de librecambio.

La doctrina del "miedo a las mercancías"

Las ideas de tipo mercantilista tendientes al proteccionismo comercial e industrial eran ideas que se encontraban ya en el pensamiento económico y político de la Antigüedad y la Edad Media. La pregunta que se hace e intenta responder es la de “por qué es precisamente bajo el mercantilismo cuando imponen su predominio estas ideas, haciendo pasar a segundo plano la política de abastos, antes imperante”.

La política proteccionista encuentra sus primeros sustentos en dos instituciones muy extendidas en las ciudades medievales: el “derecho de extrarradio” y los gremios de artesanos. El derecho de extrarradio consistía básicamente en una serie de trabas y prohibiciones contra el ejercicio de la industria fuera de las ciudades, en caso de ser actividades que se ejercieran en la ciudad. El objetivo de esta política era proteger a los artesanos de la ciudad contra la competencia de cualquier actividad similar proveniente de fuera de la ciudad. Por otro lado, la vigencia de los gremios como institución de formación, monopolio y regulación de las actividades artesanales, industriales y de las distintas profesiones, que limitaba el ejercicio de la industria a los miembros de la organización artesanal correspondiente, también tenía por finalidad impedir la competencia, en este caso proveniente de cualquier intento de ejercer la industria y la empresa por individuos no pertenecientes al gremio.

Estas dos instituciones proteccionistas tenían como marco de ejercicio y aplicación a las ciudades y su zona de influencia. Y aunque en su espíritu estas regulaciones podían estar inspiradas por la búsqueda de asegurar el correcto ejercicio de una industria o profesión desde el punto de vista de la calidad del producto, implícitamente también operaban contra la competencia y el comercio en general, y en particular de los provenientes de fuera de la ciudad. Las primeras manifestaciones de la política comercial mercantilista se encuentran en las vocaciones de las ciudades de promover la creación de nuevas industrias, sobre la base de la institución gremial, dando origen a un nuevo principio general de política económica:

Al principio se abrió paso en las ramas de producción y respecto a las mercancías que funcionaban y se elaboraban ya dentro de la zona que se trataba de proteger. Contaba para ello con una base, aunque no demasiado fuerte, en el régimen gremial y en la política económica desarrollada por los gremios. Pero ya en una fase muy temprana […] ésta se aplicaba también a las mercancías que no se producían dentro de la misma zona protegida, sino que simplemente se deseaba fabricar allí.

De este modo, cuando esta política de ciudad se generalizo a una política de nación, fue consolidándose la idea de proteger todo lo que una nación produce o pudiera llegar a producir y el sistema proteccionista se desarrolló hasta convertirse en un principio de alcance general.

La doctrina del “hambre de mercancías”

Una de las principales políticas comerciales de los estados o ciudades europeos durante la Edad Media era la de convertirse en centros del comercio. La idea que motivaba esta política era la convicción de que allí donde existiera abundancia de oferta de bienes existiría una mayor actividad económica, menores precios, mayor consumo, y en general una mayor prosperidad.

En este sentido, la política de depósitos consistía en establecer una serie de disposiciones legales tendientes por un lado a evitar que los comerciantes locales llevasen el comercio a otros mercados, y por otro a motivar u obligar a los comerciantes extranjeros a que realizasen su comercio en la ciudad. El principio era el de evitar por todos los medios que las mercancías pasasen de largo por la ciudad, y con este fin se ponían trabas a la libertad de movimiento de las mercancías. Es contra estas disposiciones proteccionistas y restrictivas del comercio que se alzará la famosa voz librecambista de “laissez-faire, laissez-passer” (dejad hacer, dejad pasar).

Como ejemplo de estas reglamentaciones comerciales vigentes en todas las grandes ciudades europeas de la alta edad media, Heckscher describe el reglamento de depósitos de la ciudad alemana de Colonia del año 1259 en el que se disponía que la ciudad sería la frontera para el comercio en todas las direcciones: los comerciantes procedentes del este no podrían cruzar el Rin, los flamencos y brabantinos que atravesasen el Maas y otros comerciantes de la Baja Alemania debían permanecer asimismo del otro lado del Rin y no podrían navegar río arriba más allá del Rodenkirchen, y los comerciantes del sur de Alemania no podrían navegar por el Rin abajo más allá de la última torre de Colonia. Otras regiones características en proteger celosamente sus actividades comerciales y sus mercados eran las ciudades de la Hansa y las ciudades Italianas, en especial Génova y Venecia. Otro ejemplo es el de Suecia, en donde por disposición de Ordenanzas de Comercio de 1614 y 1617, sus ciudades estaban divididas en dos categorías: ciudades de depósito y ciudades interiores. Las primeras eran las únicas que tenían derecho a comerciar con el extranjero, mientras que las segundas tenían que recurrir a las ciudades de depósito tanto para importar como para exportar mercancías desde y hacia el extranjero.

El objetivo mercantilista era el de crear monopolios comerciales nacionales que proveyeran mercaderías y actividad comercial a los mercados internos y fomentar el empleo de los recursos productivos y el trabajo nacionales en la actividad comercial. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de política comercial nacional lo constituye Inglaterra, en donde con esta política no se tendía a favorecer determinadas ciudades sino a convertir al país entero en la mayor plaza de depósitos para las mercancías más demandadas. Tal era el sentido del Old Colonial System, que habiendo nacido en España alcanzó su máximo esplendor en Inglaterra, principalmente a través de sus compañías de comercio como la East India Company

Comenta Heckscher que en una carta abierta dirigida en 1615 a la Compañía de las Indias Orientales, se expresaba la esperanza de que Inglaterra fuera en lo sucesivo el país de depósito para los productos de aquellas Indias. En 1660, con la Ley de Navegación (Navigation Act) se sentaron las bases de todo el antiguo sistema colonial británico. Según esta ley, las colonias sólo podían exportar a la metrópoli sus productos más importantes (las Enumerated Commodities), y todo el comercio exterior británico debería llevarse a cabo con naves y tripulación británica. Con la Staple Act de 1663 se establecía la misma norma para la exportación de las mercancías europeas a las colonias, con el fin expreso de “hacer de este país centro de depósito no sólo para las mercancías de las colonias, sino también para las de los demás países que estén destinadas a introducirse en las colonias”. Entre los principales motivos de estas nuevas regulaciones estaba la guerra comercial inglesa contra Holanda y su gran flota comercial, que por entonces era la mayor proveedora de servicios comerciales de Europa.

La política de abasto o abastecimiento tenía por objetivo lograr que los bienes y mercancías del comercio llegasen y fueran accesibles a la población de consumidores. Es decir, si la política de depósitos se orientaba a fortalecer y beneficiar a los comerciantes radicados en las ciudades comerciales, la política de abastos se orientaba a beneficiar a los consumidores locales. Interviniendo en el comercio se aspiraba a garantizar el abastecimiento de mercancías para el consumo interior en la mayor proporción posible.

La política de abastos se implementaba en la práctica mediante regulaciones y ordenanzas tendientes a dificultar o prohibir la exportación de bienes, principalmente de bienes de consumo (alimentos y textiles), materiales y armas de guerra, y sobre todo metal moneda, es decir, oro y plata. Por otro lado, y con el mismo fin de lograr el mayor abastecimiento interno posible, no se ponían mayores trabas a las importaciones de los bienes de consumo interno. Sin embargo, por lo general sí se establecía que el valor de las importaciones no superase al valor de las exportaciones, con el fin de no generar un desbalance desfavorable de comercio y sufrir una sangría de moneda. Como el comercio exterior estaba en manos de pocos monopolios de exportadores e importadores, las regulaciones los limitaban directamente y controlaban su actividad comercial. Por ejemplo en una reglamentación de las importaciones inglesas de vino bajo el reinado de Eduardo III, en la licencia concedida a los comerciantes de la ciudad de Bristol para llevar a cabo este comercio en el año 1364, se disponía que debería importarse vino por el mismo valor de las mercancías autorizadas para la exportación, que consistían principalmente en lana y paños.

La idea básica de la política de abastos medieval era intervenir y regular la actividad comercial (principalmente el comercio exterior) con el fin de evitar la escasez de bienes básicos en el mercado interno, ya fueran alimentos, artículos de alta demanda o metales preciosos que servían como moneda. Toda exportación de bienes (que disminuía la oferta interna) debía compensarse con una importación de bienes (que aumentara la oferta interna), y al mismo tiempo cumpliendo la restricción de que el valor del comercio fuera balanceado, es decir, no generara una pérdida de metales preciosos. Por lo general, el peso de los aranceles recaía en mayor medida sobre las exportaciones que sobre las importaciones.

Heckscher sostiene que el período más importante de la política de abastos comenzó en el transcurso del s. XII y culminó en el s. XIV, aunque la política comercial medieval continuó dominando durante mucho tiempo, hasta entrado el siglo XIX. Respecto a la política de abastos, el país más avanzado en cuanto a política comercial, Inglaterra, no declaró la libertad general de exportación de sus productos industriales hasta una ley de 1721.

Sin embargo, en el caso de los alimentos en general y los productos agrícolas en particular, la regulación y prohibición de las exportaciones continuó por bastante tiempo más en los países europeos. Por ejemplo, en Francia, el principio de la política de abastos no fue criticado hasta que lo impugnaron los fisiócratas, aunque en la práctica se mantuvo en vigencia hasta bastante más tarde. Un acuerdo del Concejo de Estado de 1754 fue la primera norma por la que se concedió la libre exportación de granos de unas provincias francesas a otras, mientras que la libertad para exportar a otros países sólo se daba en excepcionales ocasiones. Napoleón, con el fin de alejar el peligro de disturbios obreros que pudieran generarse por un aumento del precio de los alimentos producto de la exportación y la menor oferta interna, rechazó todas las recomendaciones fisiócratas de libertad de exportación de granos, llegando a decir: “El problema de los granos es para un gobernante el más importante y el más espinoso de los problemas. El primer deber del príncipe, ante este problema, consiste en marchar con el pueblo, en vez de dar oído a los sofismas de los terratenientes”.

Una de las tesis que fundamentaba la política de abastos en materia de alimentos y una política proteccionista en materia de manufacturas era la del inglés Clement Armstrong, quien publicaba en un artículo de 1530 que “el trabajo agrícola acrecienta la reserva de alimentos, el trabajo artesano la reserva de dinero”. El objetivo consistía en tener una reserva abundante tanto de alimentos como de dinero, por lo que debía implementarse la política de abastos para los productos agrícolas y la política proteccionista para las actividades artesanales o manufactureras.

Por su parte, la política proteccionista surge como antagonista de la política de abastos. Mientras que el objetivo de ambas políticas es similar, mantener la abundancia interna de bienes, los medios para conseguirlo difieren diametralmente. La política de abastos procura conseguir este objetivo promoviendo las importaciones y prohibiendo las exportaciones. Por su parte la política proteccionista abogará por promover las exportaciones y obstaculizar las importaciones.

La idea que subyace a la política proteccionista es la de que al promover las exportaciones y limitar las importaciones se promueve la producción interna; el mantenimiento de altos precios internos es la mejor forma de incentivar la producción interna. Vemos aquí una diferencia importante con la política de abastos, que procuraba mantener bajos los precios internos fomentando la sobreoferta de bienes al mercado.

Es decir, se da un cambio radical en la concepción de la política económica, guiado por un cambio en la percepción de los efectos de largo plazo de ambas políticas. Los precios bajos, aunque beneficiosos para los consumidores en un principio, terminan por desincentivar la producción interna, deteriorando la capacidad productiva futura y condenando a la economía a un deterioro creciente de su balanza de pagos y su disponibilidad de moneda (metales preciosos). Por otro lado, la política proteccionista repercutiría en principio en un aumento de los precios internos, dado que las mayores exportaciones y menores importaciones crean una caída de la oferta interna de bienes, pero a la vez incentivan a los productores locales a incrementar su producción, lo que en el futuro haría posible abastecer con creces el mercado interno.

Desde el punto de vista político, la repercusión de estos cambios es notable dado que representa en un principio una redistribución de los ingresos desde los consumidores hacia los productores, y desde los importadores hacia los exportadores. Cada uno de estos sectores sociales tenían sus voceros en aquella época (como en el presente) y la discusión entre unos y otros era intensa, lo que a su vez daba origen a mejores y más complejas argumentaciones, y a un cuerpo de “lógica económica” que iba tomando forma.

Entre los primeros escritos de esta época destaca A Discourse of Common Weal of This Realm of England, escrito aproximadamente en 1549 por John Hales, en el cual se hace debatir a un representante de cada uno de los grupos con intereses diferentes: un terrateniente, un comerciante, un artesano y un labrador, moderados por un sabio “doctor”:

El autor habla por boca del sabio y se manifiesta contrario a la prohibición de exportar cereales cuando su precio excediese de un “noble per quarter”, sosteniendo que la abolición de este precepto es lo único que puede mantener en pie el cultivo de granos. A lo cual replica el artesano: “Eso no nos place en lo más mínimo a nosotros, los artesanos, que nos vemos obligados a comprar el pan, el trigo y la malta con nuestro dinero”; la desigualdad en cuanto al régimen que se aplicaba al trigo y el que se seguía con otros artículos, es justificada por este personaje con el siguiente argumento, que se hallaba en consonancia con la concepción imperante desde hacía mucho tiempo: “Todo el mundo necesita de trigo, en cambio la necesidad de otros artículos no es tan grande”. El “doctor”, en su réplica, destacaba muy hábilmente el punto decisivo: “Precisamente por eso, y cuanto más necesario sea el trigo, con mayor cuidado deberá tratarse a quienes lo cultivan. Pues si ven que el manejo del arado no promete tanta ganancia como otra ocupación cualquiera ¿no creéis que abandonarán aquel medio de vida para dedicarse a otros más lucrativos?” Y prosigue así: “¿No os parece que, si los agricultores no se sienten más protegidos y más tentados que lo que están hoy a hacer trabajar el arado, acabarán por quedar inactivos tantos arados, que si se presenta un año de mala cosecha para el país, como suele presentarse de cada siete años uno, padeceremos no sólo carestía, sino incluso escasez de trigo y nos veremos obligados a traerlo de otra parte y a pagarlo por más de su valor?”

Esta política de protección del mercado interno, más concretamente de la producción interna, tomó forma popular bajo la expresión “miedo a las mercancías”. Esta fórmula expresaba la noción proteccionista de que los importadores se apropian de valiosos productos locales a cambio de “bagatelas” o artículos de lujo pero de poca utilidad del exterior, y se convirtió en la justificación y prejuicio más utilizado contra la libertad de comercio. Es más, no sólo se atacaba con esta lógica a las importaciones sino al consumo suntuoso y el gasto en general, considerándolo dañino para la economía; este razonamiento era muy explícito principalmente en Inglaterra:

Ya en 1463 se quejaba una ley del “dispendio excesivo, que Dios ve con muy malos ojos y empobrece al país y que, enriqueciendo a países y Estados extranjeros, arrastra a la ruina final de la economía de este país” [] En el período siguiente, hasta 1604, la legislación inglesa contra todo lo que sea lujo es muy intensa, y en ella se destaca, cada vez más marcado, el criterio mercantilista. En dos ordenanzas de 1574 y 1588, Cecil invocaba directamente la situación de la balanza de comercio para justificar sus medidas contra el lujo. Y esto no era característico de Inglaterra solamente. El cahier presentado por los comerciantes al reunirse los Estados Generales de Francia, en 1560, contenía, a modo de preámbulo, una queja acerca de los efectos del lujo sobre la moral y hablaba luego de la “gran cantidad de dinero que salía del país en forma de perfumes, guantes perfumados, encajes, etc.”

La máxima proteccionista de “dar salida a las mercancías” consistía entonces en la contratara exacta de la política de abastos, es decir, la de “dar entrada a las mercancías”. El principio de que la riqueza de una nación aumenta cuando se vende al extranjero más de lo que se le compra representa claramente la fórmula de la política económica de la época mercantilista. Esta política de vender mucho y comprar poco iba a ser lo que permitiría acumular metales preciosos a los tesoros nacionales.

Las “Corn Laws” y la transformación económica y política de Inglaterra

Las Leyes de granos o Corn Laws son un ejemplo interesante de la transformación operada en la economía y en la correspondiente economía política de la Inglaterra de los s. XVI, XVII y XVIII. Establecidas durante la Edad Media con el fin de abastecer las ciudades y evitar hambrunas, fueron en principio un claro ejemplo de la política de abastos medieval. Con el correr del tiempo, se fueron transformando en una medida proteccionista de los intereses de la fuerte clase de los terratenientes (“landlords”) ingleses y también de los pequeños granjeros (“farmers”).

Las Corn Laws regulaban el comercio internacional (exportaciones e importaciones) de granos. En un principio establecían, por un lado, la prohibición de exportar granos si su precio interno superaba un precio máximo determinado, y por otro, la prohibición o fuerte tarifación a la importación de granos si su precio interno era menor a un precio mínimo determinado. La finalidad de la Ley era mantener el precio interno de los granos, simultáneamente determinaba el precios de los alimentos (y los salarios reales de los consumidores de las ciudades) y las rentas de los agricultores, en una banda que fuera tolerable para los consumidores de la ciudad y no dañara la renta agrícola de los agricultores, que destinaban su producción tanto al mercado interno como al externo.

Durante el s. XVI en Inglaterra, la producción agrícola competía no con la industria sino con la producción de lana, por lo que los campos se usaban para sembrar granos o para pastura de ovinos. En esta competencia, la producción de lana al parecer comenzó a tener una rentabilidad superior a la producción de grano, la tierra destinada a cultivo disminuyó y los precios de los granos subieron, con el consecuente impacto político en las ciudades. Los agricultores presionaron por elevar los precios máximos a los que se les permitía exportar y por otro tipo de beneficios. Esta presión, junto con el temor de una caída en la capacidad de producción de grano, llevó al influyente político y economista John Hales durante el reinado de Eduardo VI (mediados del s. XVI), a facilitar la exportación de granos y prohibir la de lana con el fin de equilibrar las rentabilidades respectivas de cada actividad. La medida resultó en un incremento de la producción agrícola y los precios internos de los granos volvieron a bajar.

En el s. XVII Inglaterra era un fuerte exportador de granos y los landlords dominaban el parlamento. A su vez, el incremento de la población en las grandes ciudades como Londres y Manchester (incipiente polo industrial) presionaba crecientemente la demanda interna de granos y alimentos. Nuevamente se buscó entonces incrementar la capacidad productiva de grano del Reino (“A new policy of plenty”) y en los años 1663, 1673 y 1689 se dispuso la implementación de una serie de subsidios (“bounties”) a la exportación de granos. El efecto fue nuevamente el incremento de la exportación y de la producción de granos, cada vez concentrada en explotaciones más extensas y capital-intensivas. Esta época constituyó el cenit de la clase agrícola inglesa y de su poder político y económico.

A mediados de s. XVIII, cuando la Revolución Industrial comenzaba a transformar a Inglaterra y la población aumentaba fuertemente y se concentraba en las ciudades, la presión por parte de la cada vez más poderosa clase industrial y de los asalariados para bajar el precio de los alimentos, llevó a que los gobiernos prohibieran la exportación de granos. La inclinación de la balanza del poder económico y político a favor de los intereses de la industria, junto con la cada vez mayor importación de grano barato procedente de América, llevó finalmente a la abolición de las Corn Laws en 1846 por el gobierno de Robert Peel, luego de una intensa disputa política entre los debilitados terratenientes por un lado, y por otro los industriales de Manchester agrupados en la “Anti-Corn Law League” y liderados por el influyente productor textil Richard Cobden. Esta abolición no sólo representa el cambio de poder económico en Inglaterra sino también el triunfo de las ideas librecambistas iniciadas por Adam Smith y David Ricardo, quienes desde un principio se opusieron a la regulación del comercio exterior y a las ideas mercantilistas.

Las primeras crisis financieras: La South Sea Bubble y la Mississippi Bubble

Uno de los episodios más influyentes del siglo XVIII en relación a la discusión e implementación de innovaciones en el sistema monetario y financiero fue la crisis de 1720, ocasionada en Inglaterra por la especulación sobre las acciones de la South Sea Company y en Francia sobre las de la Compagnie des Indes (previamente llamada Compagnie d'Occident o Compagnie du Mississippi).

La South Sea Company, creada en 1711 como compañía por acciones o “joint stock company”, tenía por finalidad explícita lucrar con el comercio entre Inglaterra y las colonias españolas de América del Sur (principalmente el comercio de esclavos africanos) pero como objetivo más inmediato y más rentable, como indica Kindleberger, el de competir con el recientemente creado Banco de Inglaterra (único banco privado por acciones permitido en ese momento) en la reestructuración de la deuda pública del tesoro británico.

A cambio de la adjudicación del monopolio de comercio con América del Sur, la corona británica propuso a la Compañía que operara como intermediaria en un canje de deuda del Tesoro (que se había endeudado fuertemente durante la participación británica en la guerra de sucesión española). La propuesta que acordaron la Compañía y el Tesoro inglés era la siguiente: la Compañía canjeaba a los particulares sus tenencias de deuda pública (principalmente anualidades vitalicias y perpetuidades) por acciones de la Compañía, y luego del canje la Compañía reestructuraba la deuda pública a mayores plazos y menores tasas de interés, por lo cual la corona saldría ganando. Por su parte, la Compañía obtendría capital del mercado para su expansión y los nuevos accionistas unos mayores retornos sobre su ahorro, dado que el futuro de la empresa se consideraba como muy promisorio.

Entre 1711 y 1717 la compañía se financió de esta manera, expandiendo la emisión de acciones a cambio de deuda soberana en poder de particulares y reestructurando a su vez esta deuda en mejores condiciones para el Tesoro. Paralelamente, el precio de las acciones de la compañía subía de forma gradual permitiendo obtener ganancias de capital suficientes a los particulares que canjeaban sus títulos de deuda por acciones. El éxito de esta operatoria fue tal que en 1719 la Compañía poseía el 25% del total de la deuda del Tesoro británico, por la que recibía pagos de interés de alrededor de un 6% anual. A su vez, dado que el precio de las acciones aumentaba, y el canje de acciones por deuda se realizaba aproximadamente a precios de mercado, la Compañía obtenía cada vez más títulos de deuda por cada acción que emitía.

En 1719, la Compañía propuso a la corona canjear más del 50% de su deuda pública y reestructurarla a intereses de entre el 4% y el 5% anual. A medida que avanzaba en las negociaciones con el Tesoro, la Compañía implementó una fuerte propaganda sobre sus potenciales beneficios esperados para incrementar el precio de mercado de sus acciones, y luego de pujar contra el Banco de Inglaterra que había ofrecido una propuesta similar, en abril de 1720 logró la aceptación del nuevo canje. Los esfuerzos de la Compañía por elevar el precio de sus acciones dieron importantes resultados y la especulación se desató sobre sus títulos, que entre enero y mayo de 1720 incrementaron su precio en 314%, pasando de 128 libras a 550 libras por acción.

La euforia por la riqueza generada para los accionistas de la South Sea Company fue tal, que se generalizó la idea de invertir financieramente en la bolsa, en acciones de nuevas compañías que comenzaban a proliferar. Esto representaba una seria competencia para la South Sea Company, la que forzó al Parlamento a dictar una ley en junio de 1720 que regulaba la creación de compañías por acciones, obligando a todas ellas a ser abaladas por una autorización de la corona o “Royal Chart”. Esta ley fue nombrada como la Royal Exchange and London Assurance Corporation Act y posteriormente conocida como la “Bubble Act”.

La continuidad de la euforia bursátil más los beneficios legales que había conseguido la Compañía, hicieron que el precio de su acción alcanzara las 1.000 libras en agosto de 1720, lo que representaba un aumento de casi el 1.000% en lo que iba del año. A partir de entonces la presión vendedora prevaleció, generando un círculo vicioso de ventas y caídas de precio seguidas por más ventas, cotizando para fines de septiembre del mismo en 150 libras la acción y generando una perdida generalizada de riqueza y la huida en masa de los mercados bursátiles, tanto de Londres como de Ámsterdam y Paris, contribuyendo a llevar a la quiebra a muchas empresas por acciones, entre ellas a la Compagnie des Indes francesa creada por John Law.

John Law, de origen escosés, luego de estudiar comercio y política económica en Londres (de donde huyó a Amsterdam en 1694 tras haber matado a un hombre en duelo y ser apresado), fue desde sus inicios profesionales un fuerte impulsor de la creación de bancos y nuevos instrumentos monetarios y financieros para impulsar el crédito y la actividad económica. En 1705 propuso al Parlamento escosés la creación de un banco nacional por acciones con el fin de aumentar la cantidad de dinero para combatir el desempleo, propuesta que formuló publicando en Edimburgo su obra Money and Trade Considered: With a Proposal for Supplying the Nation with Money. En ella afirmaba que el dinero bancario debería estar respaldado por tierra, oro o plata, y aunque esta obra tendría mucha influencia en su época, su propuesta no tuvo éxito. Luego de la unión en 1707 de los parlamentos de Escocia e Inglaterra, la situación de prófugo de la justicia inglesa obligó nuevamente a Law a exiliarse en Holanda y Francia.

En ese entonces, la situación económica y financiera de Francia era crítica debido a los grandes gastos y empréstitos en que Luis XIV había incurrido para hacer frente a la guerra de sucesión española. Luego de la muerte de Luis XIV se hizo cargo del gobierno de Francia el regente Felipe de Orleans, quien gobernaría entre 1715 y 1723, período conocido como la Regencia. Las transferencias al exterior de metales preciosos que ocasionó la guerra, había contraído la cantidad de moneda existente y su circulación, impactando negativamente sobre el comercio, la industria y el empleo. Fue entonces cuando Law convenció al Regente de implementar una política de expansión monetaria en base a la creación de un banco nacional con el poder de emitir papel moneda. El banco, creado en mayo de 1716, se llamó Banque Général y estaba capitalizado por 6 millones de libras (1.200 acciones de 5.000 libras cada una) de las cuales sólo una cuarta parte constituía moneda metálica siendo el resto billets d’etat, que eran títulos de deuda pública creados por Luis XIV luego de la guerra y que pagaban un interés. Al banco se le permitió emitir notas de crédito, que podían ser usadas para pagar impuestos, y la gran demanda que tuvieron estas notas impulsó al banco a emitir unos 60 millones de libras, es decir, un ratio sobre su capital total de 10 a 1, y sobre su capital en moneda metálica de 40 a 1. Los efectos económicos de esta expansión monetaria fueron positivos. Según Kindleberger la emisión de moneda fue limitada pero impulsó la circulación de medios de pago más allá de Paris y Lyon, contribuyendo a reactivar el comercio y la economía francesa.

El éxito que había tenido el Banque Général impulsó a Law a diseñar un mecanismo por el cual capitalizar el dinero bancario que había emitido y la posibilidad de respaldar nuevas y mayores emisiones, conocido como el “mississippi scheme”. En primer lugar, en agosto de 1717 Law compró la Compañie de la Louisiane, reestructurándola como una sociedad por acciones y renombrándola la Compagnie d’Occident, que luego absorbió a la Companie du Canada. De esta manera, la nueva compañía tenía el monopolio del comercio con todas las colonias francesas de América del Norte. En segundo lugar, en diciembre de 1718 el Banque Général fue convertido en el Banque Royal, entidad cuya emisión de notas estaban garantizadas por la corona francesa y que no estaba limitado en sus posibilidades de emitir, más allá de una autorización del Regente. En tercer lugar, en 1719, la Compagnie d’Occident absorbió a la Companie des Indes Orientales et de la Chine, tomando el nuevo nombre de Companie des Indes y monopolizando todo el comercio exterior de Francia con las colonias, a la vez que se encargaba de la recaudación de impuestos y de la acuñación de moneda. En cuarto lugar, en el mismo año, Law y el Regente acordaron que la Compañía ofrecería canjear la totalidad de la deuda pública francesa en poder del público por nuevas acciones de la Compañía, y de la misma manera que lo habían hecho los dirigentes de la South Sea Company, impulsó una fuerta campaña para elevar el precio de las acciones, que pasaron de valer 500 libras en 1719 a valer cerca de 18.000 libras en la primera mitad de 1720.

Este esquema permitió que la corona francesa consolidara su deuda concentrando la totalidad de la misma en los activos de la Compañía, a la que pagaba un interés anual del 3%. Al mismo tiempo, el único acreedor de la Corona era ahora la Compañía que, aunque propiedad de sus accionistas, estaba dirigida por la Corona.

A mediados de 1720 el pánico se desató, en parte contagiado por el colapso del mercado de capitales inglés a causa de la South Sea Bubble, y los tenedores de acciones de la Companie des Indes como de los títulos del Banque Royal corrieron a cambiar sus papeles por moneda. El Banco tuvo que suspender sus pagos y el precio de las acciones de la Compañía colapsó.

Mercancías “for the belly” y mercancías “for the back”

La antigua máxima inglesa que reza “Food for the belly, and clothes for the back” expone de manera escueta pero precisa la principal división entre los bienes de consumo, sobre la que operará una recomendación de política económica diferente en cada caso.

Por un lado, las mercancías que conformaban los alimentos de la población, principalmente granos y carnes (“food for the belly”) debían poder ser accesibles a un bajo precio y la política intervendría en el mercado cuando los precios subieran, a través de trabas o prohibiciones a su exportación. Las “Corn Laws” inglesas, que tanto influyeron sobre la discusión y el pensamiento económico clásico, eran una manifestación de esta política económica.

Por otro lado, los bienes de consumo de tipo industriales, entre los que en Inglaterra se destacaban los textiles (“clothes for the back”), eran tratados de forma diferente, promoviendo su exportación y asegurando un precio suficientemente elevado en el mercado interno, asegurando de esta forma los beneficios de la industria manufacturera.

Uno de los primeros defensores de esta división entre mercancías fue Gerard Malynes quien proponía en su Lex Mercatoria de 1622 que era conveniente que los precios de las mercancías “for the back” fueran altos más bien que bajos, y al contrario para las mercancías “for the belly”, pues “en los países en los cuales las mercancías están baratas el comercio es escaso y se adolece de falta de dinero” dado que:

“El comercio no se desarrolla donde las mercancías son baratas, pues la baratura proviene de la poca demanda y de la escasez de dinero, que abarata las mercancías. Y lo contrario incrementa el comercio, si existe dinero abundante y las mercancías encarecen, pues entonces aumenta su demanda”

Mercantilismo, dinero y precios

A pesar de que la relación entre dinero y precios había sido descubierta y estudiada desde tiempos anteriores a la época del mercantilismo por hombres como Copérnico y los escolásticos españoles, durante los s. XVI a XVIII esta cuestión pasó a formar parte del centro de la discusión de los políticos y economistas europeos. Como uno de los primeros debates documentados en torno a la cantidad de dinero, Eli Heckscher menciona el siguiente:

"Los adversarios de la depreciación de la moneda, en el litigio planteado alrededor de la moneda en Sajonia, hacia 1530, abrazaban ya un punto de vista inherente a la teoría cuantitativa. Salían al paso de la afirmación de que pudiesen coexistir simultáneamente una escasez de moneda y una carestía de todas las demás cosas. Y hacían esta tajante observación: “Si no existiese dinero en el país, las cosas tendrían que ser necesariamente baratas, pues quien carece de dinero rara vez compra caro. Y si no hubiese ningún dinero en el país, nadie aspiraría tampoco a adquirir cosas”

La experiencia española con la afluencia de metales preciosos americanos y la percepción de un alza de precios en todo el continente, despertó el interés por encontrar una relación adecuada entre cantidad de dinero y necesidades económicas. En este sentido, el debate giraba en torno a si es beneficioso para el comercio que el dinero aumente o si por el contrario esto no tiene mayores efectos. Es decir, si se consideraba que un aumento de la cantidad de dinero expandiría el comercio, la producción y el empleo, o si por el contrario, sólo se trasladaría a un aumento proporcional de los precios, como lo sugería el caso español, en donde incluso el incremento de dinero había ocasionado la ruina de la industria.

La opinión que predominó entre los mercantilistas fue la de que el incremento de dinero era positivo para el comercio, dado que esto ocasionaría un alza de precios y esto último un incentivo para incrementar la producción y el empleo.

Por ejemplo, Petty en 1662, afirmaba que para poder emplear a toda la población de un país era necesario contar con una determinada masa de dinero: “si la masa de dinero fuera insuficiente, se desarrollaría poco trabajo, lo que equivaldría a menoscabar al pueblo o su arte y diligencia, pues 100 libras esterlinas que pasan por 100 manos como remuneración producen un valor de 10.000 libras en mercancías, mientras que aquellas manos hubieran permanecido quietas y ociosas si no hubiese funcionado este móvil constante para ponerlas en ejercicio”.

Gerard Malynes, en su obra A Treatise of the Canker of England’s Common Wealth de 1601 mencionaba como primera cualidad del dinero que una existencia abundante lo encarecía todo, mientras que por el contrario, la penuria de moneda hacía bajar todos los precios. El aumento general de los precios que estaba padeciendo Europa se debía en su opinión a los “mares de dinero” procedentes de las Indias Occidentales que habían “empequeñecido la medida, lo que a su vez, había hecho subir la cifra, para reestablecer el equilibrio”. Malynes también afirmaría que los precios altos motorizan el comercio y la prosperidad de una nación, dado que incentivan a los productores y son reflejo de una mayor demanda.

Sin embargo, John Locke sostenía en su forma pura la teoría cuantitativa. En su obra Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest and Raising the Value of Money de 1691 afirmaba que “una cantidad cualquiera de dinero, lo suficientemente grande como para que todo el mundo pudiese obtener una parte de ella, bastaría para poner en marcha un comercio del volumen que se deseara, grande o pequeño” Es más, Locke fue uno de los primeros autores en incorporar al análisis dinero-precios la velocidad de circulación del dinero, en sus palabras: “This shows the necessity of some proportion of money to trade: but what proportion that is, is hard to determine; because it depends not only on the quantity of money, but the quickness of its circulation”

Mercantilismo, mercancías y dinero

La relación principal entre mercancías y dinero para el Mercantilismo se puede expresar en la formula: “miedo a las mercancías y hambre de dinero”. Es decir, se debía procurar desprenderse de los sobrantes de mercancías que podían causar caída de precios internos y desempleo, y a través de esta exportación de sobrantes obtener un superávit comercial bajo la forma de ingreso neto de dinero que aumentaba a su vez la cantidad total de dinero existente en el país, con la consecuente expansión de la producción y el empleo, lo que generaría más excedentes exportables y más ingreso de dinero. Aunque los mercantilistas eran concientes de que una gran expansión de la cantidad de dinero provocaría probablemente una subida de precios, adjudicaban un mayor peso a la idea de expandir la producción de mercancías y el empleo.

Para los mercantilistas, la política de enfatizar la importancia del superávit comercial por sobre la prohibición de exportar dinero, consistía la única forma viable de incrementar el tesoro y la cantidad de dinero de una nación:

"Para los verdaderos mercantilistas, partidarios teóricos y prácticos de la balanza de comercio, el derrame ininterrumpido de metales preciosos de España, era prueba infalible de que su política superaba a la anterior, la cual se contentaba con prohibir la exportación de metales preciosos, sin preocuparse del equilibrio de la balanza de comercio, o del superávit de exportaciones. En efecto, España seguía aferrada a la vieja política “metalista” (o “bullionista”) y por último se vio obligada a dejar que la plata fluyese de ella “como la lluvia fluye del tejado”, se vio obligada a recurrir al patrón monetario del cobre, a pesar de tener en sus manos toda la producción de plata y oro." (Eli Heckscher, "La Epoca Mercantilista")

Aunque una de las críticas más difundidas hacia los mercantilistas era la identificación de riqueza con moneda o tesoro (doctrina denominada “bullionismo” y que es justamente la crítica que les hace Adam Smith en su libro IV de la Riqueza de las Naciones) no es cierto que todos ellos aceptaran este punto de vista simple. Por ejemplo, Thomas Mun, defensor y promotor de la doctrina mercantilista de la balanza de pagos, manifestaba en su England´s Treasure by Forraign Trade que “el soberano debía reunir necesariamente un tesoro para la guerra, pero añadía que si carecía de las mercancías precisas para adquirirlas, en caso de necesidad, por su dinero, ese soberano sería tan pobre como si careciese de dinero con que comprar las necesarias mercancías. Y consecuente con esto, Mun se preguntaba ¿de qué vale, pues, el dinero sin mercancías?” y en su obra A discourse of Trade from England unto the East Indies de 1621 decía “La riqueza o la abundancia consiste en poseer las cosas necesarias para la vida civil. Esta abundancia es de dos clases: una es natural y proviene del suelo mismo, otra es artificial y depende de la laboriosidad de los habitantes”.

Otros autores muy destacados de esta época, William Petty y Charles Davenant, tampoco creían que la riqueza de una nación fuese solamente el oro y la plata del tesoro. Para Petty, creador de la Political Arithmetick, que fue tanto una obra (publicada en 1690) como todo un movimiento intelectual, la riqueza era la suma del valor de las propiedades de una nación, tanto muebles como inmuebles, lo que en términos modernos asociaríamos con el capital de una economía. Davenant, en sus Discourses of the Public Revenue de 1698, compartía esta definición de riqueza y sostenía que los países, al desarrollarse, convierten los metales preciosos en capital (“stock”) de otra clase, como barcos, edificios, muebles, etc.

Mercantilismo, empleo y la doctrina de los salarios bajos

La gran finalidad perseguida por el Mercantilismo era lograr la mayor producción posible para su exportación, lo que implicaba respecto de la mano de obra como factor de producción la recomendación de bajos salarios para que estos no afectaran la competitividad de la producción nacional en los mercados externos. Una política de salarios bajos incentivaba las exportaciones al permitir precios competitivos de los productos exportables y por otro desincentivaba las importaciones, dado que mantenía bajo el gasto de consumo de los trabajadores y la demanda sobre bienes importados:

"Y este resultado se derivaba lógicamente de la tendencia a lograr un gran sobrante de exportación de los productos del trabajo, paro lo cual era necesario mantener bajos sus precios, y por tanto el costo de su mano de obra. El esforzarse por conseguir que la oferta de mano de obra fuese lo más abundante y su precio lo más bajo posible era una consecuencia obligada de aquella aspiración.[…] Era pues lógico que los mercantilistas aspirasen a que la población fuese lo más numerosa y lo más laboriosa posible. Y esa era, en efecto, su posición." (Eli Heckscher, "La Epoca Mercantilista")

Sin embargo, entre las reflexiones sobre cuál era la más conveniente cantidad de población de un país no faltaban argumentos contrarios a una elevada población, por considerar un exceso de población algo peligroso e insostenible. En este sentido, Josiah Child argumenta que la población es directamente proporcional a la cantidad de trabajo que pueda crear la economía:

“Nuestro pueblo será más o menos numeroso según que disponga de más o menos posibilidades de trabajo; supongamos que el Inglaterra sólo hubiese trabajo para cien personas y que fuese necesario dar de comer y vestir a ciento cincuenta: podéis estar seguros de que las cincuenta restantes tendrían que abandonar el país, morirse de hambre o acabar en la horca, si intentaban escapar a estar suerte.”

Por lo tanto, existía un delicado equilibrio entre cantidad de población y prosperidad, que se traducía en una recomendación por tratar de incrementar la población pero al mismo ritmo que se incrementaban las posibilidades de creación de empleos para esta población creciente. De este modo, si población y producción crecían armónicamente, una mayor población era sinónimo de una mayor capacidad productiva y también de una mayor riqueza de la nación.

Por su parte, las fuertes fluctuaciones de las cosechas hacían que la cantidad de población que podían alimentar los países en aquella época variara notablemente entre los buenos y los malos años. La dependencia de la agricultura todavía era muy fuerte, y el resultado de una buena o mala cosecha movía bruscamente los precios de los alimentos y el poder de compra de los salarios, por lo que en años malos la cantidad de población que no lograba contar con los medios suficientes para asegurar su alimentación podía aumentar peligrosamente. En este sentido, una política favorable al aumento de la población podía terminar siendo perjudicial para la nación, como lo manifiesta el inglés Davenant en 1699 refiriéndose al caso de Francia en donde durante casi toda la segunda mitad del s. XVII se llevaron a cabo políticas de incentivo al aumento de la población fomentadas por Colbert:

“Hay, ciertamente, países en los que el completar de un modo pleno su población podría ser peligroso y conducir, en años de cosecha mala y desfavorable, a duras crisis de hambre. Si, por ejemplo, Francia hubiese contado con el número de habitantes que el país era capaz de sostener en tiempos de cosecha normal, la mitad de ellos habría perecido por falta de pan en los últimos años de escasez”

La mayoría de los autores de este período reconocían la relación entre oferta de mano de obra y nivel de salarios, y entre nivel de salarios y precios de las manufacturas. Josiah Child por ejemplo explicaba la existencia de un mecanismo regulador entre mano de obra y salarios, por medio del cual la escasez de mano de obra elevaba los salarios, y a su vez el alza de los salarios atraía mano de obra de otras regiones, restableciendo el equilibrio (aunque por supuesto no usaban esta palabra), y viceversa cuando la mano de obra es demasiado abundante.

La fórmula mercantilista en relación a la mano de obra y las mercancías era la siguiente: “Las diferencias en cuanto a la cantidad de población tienen que determinar necesariamente diferencias correlativas en cuanto a los artículos manufacturados; una oferta abundante de hombres tiene necesariamente que traducirse también en la baratura de los salarios, lo cual conduce a su vez, a la baratura de los artículos manufacturados; allí donde los hombres escasean, los salarios no tienen más remedio que ser altos, y esto provoca forzosamente el encarecimiento de las mercancías” (Britannia Languens).

Sir William Petty, otro influyente autor de esta época, proponía la creación por parte del estado de un almacén de granos para acopiarlos en los años de buenas cosechas, con el fin de evitar que los salarios subieran, dado que manifestaba haber oído decir a los fabricantes de paños que la mano de obra se encarecía los años en los que el trigo abundaba. La idea general era que los salarios bajos motivaban el esfuerzo y la laboriosidad, mientras que los salarios altos la ociosidad, y muchas veces se ponía como ejemplo lo que había sucedido en la España de la abundancia de metales preciosos y riqueza, por ejemplo, en palabras de Colbert: “la haraganería de los españoles, hija de sus riquezas”. Thomas Mun por su parte decía que “así como la plétora y el poder hacen a las naciones viciosas y pródigas, la pobreza y la escasez hacen a los pueblos sabios y felices”. En este sentido, el contraejemplo paradigmático de España era Holanda, país que sin tierras ni recursos naturales había alcanzado un nivel de desarrollo envidiable gracias a la laboriosidad, frugalidad e ingenio comercial de su población; y Mandeville remataba en su "Essay on Charity and Charity Schools" que “para que la sociedad viva feliz y los hombres contentos en la mayor pobreza hace falta que gran número de ellos sean tan ignorantes como pobres”.

Sin embargo, algunos autores tomaron posiciones opuestas respecto a los salarios. Por ejemplo Child se manifestaba contrario a los salarios bajos, explicando que en Holanda se pagaban salarios más altos que en Inglaterra, y por esto le permitía incrementar su población con inmigrantes, concluyendo que “dondequiera que rigen salarios altos, de un modo absolutamente general y en el mundo entero, esto es una prueba infalible de la riqueza del país”. También Davenant acordaba con esta postura, diciendo que en los países pobres el tipo de interés es alto, la tierra barata y los precios de la mano de obra y otros víveres bajos. Otro de los críticos de la doctrina de los salarios bajos es Daniel Defoe, quien argumenta en su A Plan of the English Commerce (1728) que si los ingleses pretenden aumentar sus exportaciones de mercancías en base a bajos salarios, como los vigentes en China o India, terminarían por arruinar al pueblo.

Mercantilismo, empleo y la doctrina de los salarios altos

La argumentación a favor del proteccionismo como forma de promover la producción interna de un país, tiene su expresión más políticamente relevante en la preocupación por el empleo. Ya desde mediados del s. XV se encuentran testimonios y argumentos vertidos en folletines o leyes europeas concernientes a los efectos perjudiciales que las importaciones tenían sobre el empleo interno. Refiriéndose a industrias específicas, distintos políticos sostuvieron la necesidad de prohibir las importaciones de productos competidores con la producción local, dada la destrucción de empleos que estas importaciones causaban.

"Esta idea puede seguirse más fácilmente en la legislación inglesa, en la que se remonta, por lo menos, hasta el año 1455. En una ley parlamentaria de esta fecha se culpa a la competencia extranjera de haber causado el desempleo existente en la industria de la seda. Los extranjeros –decía el citado documento- “arruinan la industria y todas las ocupaciones de esta clase aptas para mujeres”. En una ley de 1483 se llega incluso a decir que “todos los obreros, hombres y mujeres, de la industria sedera se hallan en la miseria por falta de trabajo”, situación cuya causa se atribuye a las importaciones. Sin embargo, esta tendencia llegó a adquirir un alcance mucho mayor […] En 1467 se prohibió la exportación de hilo y de paño sin abatanar, alegándose en apoyo de esta medida que con ello se procuraría más trabajo a los tejedores y los bataneros del país, es decir, que estas trabas a la exportación de artículos a medio fabricar perseguían fines proteccionistas" (Eli Heckscher, "La Epoca Mercantilista").

Por lo tanto, la política proteccionista no sólo se preocupó de la acumulación de metales preciosos sino que también procuró promover la existencia de condiciones favorables a la producción y el empleo internos. En una declaración que recordará la tan famosa máxima keynesiana de la conveniencia en épocas de crisis de emplear desocupados para hacer pozos y luego taparlos, William Petty en 1662 decía que valdría más quemar los productos del trabajo de mil hombres que condenar a estos mil hombres a perder su capacidad de trabajo por el desempleo.

"La preocupación de multiplicar las posibilidades de trabajo tenía que desempeñar también, naturalmente, un gran papel en la teoría monetaria del mercantilismo. Podía razonarse la necesidad de importar metales preciosos, como lo hacía Malynes (1601), diciendo que con ello subirían los precios y se crearían nuevas posibilidades de trabajo. Y, al revés, cabía combatir la exportación de dinero alegando que conducía al desempleo y a la despoblación. Un autor como Cary colocaba el fomento del trabajo en el lugar central de sus consideraciones y deducía de ello el postulado de los salarios altos (1695). John Law decía (1705) que no era posible dar trabajo a más gente sin emitir más dinero. Había que disponer, por lo menos, del dinero suficiente para pagar los salarios. Y veía en este argumento, como habían visto ya otros antes que él, la justificación del mercantilismo de los billetes de banco." (Eli Heckscher, "La Epoca Mercantilista").

De este modo, para el Mercantilismo, la producción constituía un fin en si mismo, más allá de lo producido, dado que permitía emplear a la población, evitando el desempleo y la pobreza. Este será también el mensaje de uno de los textos políticos más influyentes de la época, "The Fable of the Bees, or Private Vices Publick Benefits" de Bernard de Mandeville (1705). En él, el autor postula que una sociedad no prosperaría si no fuera por el gasto de sus habitantes, y que si todos fueran ahorradores o personas austeras entonces nadie podría vender su trabajo y todos terminarían en la pobreza. Como su título lo sugiere, son los vicios privados (el gasto, no importa en qué) el factor generador del beneficio público (representado por el trabajo y el ingreso de la población).

Las dos rupturas

“El siglo XIX se traduce por un desencanto generalizado de la economía política: ya sea economía pura, política económica o simple rama de la ciencia del gobierno, renuncia a presentarse como la ciencia global y unificada del mundo moderno. List, Sismondi y Walras, aunque trabajando en direcciones muy diferentes, contribuyen a reubicar a la economía en un lugar subordinado. El mercado ya no es el concepto central a partir del cual puede captarse el conjunto de las relaciones sociales: no es más que un concepto teórico a construir o un mecanismo económico a corregir. Desde este punto de vista hay una doble ruptura en la historia de la economía política. La primera ruptura, en el siglo XVIII, traduce el pasaje de la aritmética política a la ciencia de la riqueza, puesto que la economía es comprendida como realización de la política y de la filosofía. La segunda ruptura, la del siglo XIX, traduce la voluntad de superar la diferencia entre la realidad y la representación liberal renunciando a las ambiciones de la economía política clásica. Estas son las rupturas decisivas en las que hay que insistir contra todas las perspectivas reconstructivistas que imaginan el progreso continuo y sin choques de un saber único que se encaminaría lentamente desde la ignorancia hacia la verdad. La economía no es un edificio al que cada cual habría aportado su pequeña o gran contribución desde el siglo XVI, incluso desde Aristóteles; ante todo es el lugar de una continua interrogación sobre la naturaleza misma de su objeto y los límites de su campo.” (Pierre Rosanvallon, “El capitalismo utópico”)

El nacimiento de la Economía Política

“Digamos que, como podrán verlo con claridad, entramos con ello en una era que es la de la razón gubernamental crítica. Y advertirán que esta razón gubernamental crítica o esta crítica interna de la razón gubernamental ya no va a girar en torno de la cuestión del derecho, de la cuestión de la usurpación y la legitimidad del soberano. Ya no va a tener ese especie de apariencia penal que aun tenía el derecho público de los siglos XVI y XVII cuando decía: si el soberano infringe esta ley será preciso castigarlo con una sanción de ilegitimidad. Toda esa cuestión de la razón gubernamental crítica va a girar alrededor del “cómo no gobernar demasiado”. Las objeciones ya no recaerán en el abuso de la soberanía sino en el exceso de gobierno. Y la racionalidad de la práctica gubernamental podrá medirse en relación con ese exceso o, en todo caso, la delimitación de lo que sería excesivo para un gobierno.
Pues bien, antes de caracterizarla de una manera abstracta les dije que esa transformación fundamental, creo, en las relaciones entre derecho y práctica gubernamental, este surgimiento de una limitación interna de la razón gubernamental, se situaba y era identificable alrededor de la mitad del siglo XVIII. ¿Qué fue lo que permitió su aparición? ¿Cómo es que esta se produjo? Por supuesto, habría que tomar en cuenta toda una transformación de conjunto, pero hoy querría indicar simplemente cuál es el instrumento intelectual, cuál es la forma de cálculo y de racionalidad que pudo permitir la autolimitación de una razón gubernamental como autorregulación de hecho, general, intrínseca a las operaciones mismas del gobierno y que podía ser objeto de transacciones indefinidas. Y bien, ese instrumento intelectual, el tipo de cálculo, la forma de racionalidad que permite así a la razón gubernamental autolimitarse, tampoco es ahora el derecho. ¿Cuál será el instrumento a partir de mediados del siglo XVIII? La economía política, desde luego.” (Michel Foucault, “Nacimiento de la Biopolítica”)

lunes, 16 de agosto de 2010

¿Por qué se le pide tanto a la Economía?

Luego de cada gran crisis se generalizan las críticas y reproches a la Economía, cuestionando desde sus métodos y supuestos hasta su propio estatus de saber científico. Y aunque podemos estar más o menos de acuerdo con varias críticas, lo primero que deberíamos preguntarnos es por qué se le reclama tanto a la Economía. Desde la equivocación de sus pronósticos hasta la culpabilidad por no resolver problemas como el desempleo y la pobreza. Sin dudas, la razón de estas críticas es que en algún momento de su devenir, la Economía generó en la sociedad grandes expectativas como herramienta de transformación y progreso. La cuestión fundamental es entonces interrogarse si esas expectativas están justificadas o no. En este sentido, los propios hacedores de la Economía son en parte responsables. Cuando nace la Economía, como desprendimiento de la Filosofía Política del siglo XVIII, esta nueva ciencia tenía la convicción de ser un llamado a desvelar los mecanismos que regulan el orden natural de las sociedades, y a partir de esto instruir a los gobernantes en el arte del buen gobierno de sus estados. Títulos como "La riqueza de las naciones", "El amigo de los hombres", "El orden natural y esencial de las sociedades políticas", o "Constitución del gobierno más ventajoso para el género humano", son sólo algunos ejemplos del optimismo y confianza que reinaba en los primeros escritos de los economistas modernos. El motivo principal de este positivismo intelectual consistía en el convencimiento de que el mundo social estaba gobernado no por las leyes del soberano sino por las leyes de la Naturaleza, y entonces, tal como lo hacía la Filosofía natural y la Medicina, la nueva ciencia de la Economía Política iba a desvelar las leyes que gobiernan el progreso económico de las naciones. De más está decir que esta visión de la economía como ciencia del progreso moderno duró poco. Las grandes transformaciones ocasionadas por la revolución industrial iban a generar también grandes desastres sociales nunca imaginados por los padres de la Economía. Fue entonces cuando el espíritu positivista que había inspirado su nacimiento, dejó su lugar a un sentimiento de fatalidad crítica, y el orden panglossiano de la naturaleza social a un mundo de lucha por la supervivencia y por el poder de clase. Entonces la Economía resultó ser un invento, la extensión ideológica de una determinada cultura histórica, condenada a fenecer en la búsqueda de su propio progreso. De las cenizas de esta desilusión intelectual de la humanidad, comenzó a renacer otra Economía, esta vez purificada de todo intento de cambiar el mundo y hacer progresar a las sociedades. Su lenguaje matemático ayudó a mantener sus saberes guardados de divulgadores y panfletistas, pero aquella vieja noción del Orden Natural continuó inspirándola, convenciéndola de que era posible ser ciencia, la ciencia que estudiaría el comportamiento económico de los individuos en estado ideal, lejos de las arbitrariedades e impurezas del mundo cotidiano. Esta nueva Economía no tenía intención de ser una Política, sería una Axiomática. Y a pesar de su escasa difusión y popularidad, en los claustros donde se enseñaba se intentaba resolver las cuestiones más fundamentales de su nueva arquitectura. Pero con el tiempo, la tentación de dar cuentas al mundo de sus nuevos logros, volvió a poner a los economistas en aquel lugar de oráculos del porvenir que quizá nunca habían querido abandonar. Nuevamente, una gran crisis destruyó las torres más sofisticadas de sus palacios, volviendo a golpear fuerte en su legitimación y confianza. Pero luego de replanteos y escisiones, he aquí a la Economía, al pie de nuevas esperanzas y escarmientos. Quizá sea necesario reconocer que no se le puede pedir a la Economía que resuelva los problemas que se piensa debería resolver, o entonces ¿por qué no se cuestiona a los sociólogos por no evitar las guerras o a los sicólogos por no evitar los suicidios?